La propuesta plantea cambios que podrían comprometer la imparcialidad y estabilidad del sistema judicial en México, afirman
Septiembre 03 del 2024
CDMX
En las últimas semanas, una propuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación ha generado una serie de reacciones de diversos sectores en México. Organizaciones civiles, empresariales y académicas han manifestado su preocupación por los riesgos que implica esta iniciativa para la independencia del sistema de justicia.
Entre los puntos más polémicos de la reforma destaca la propuesta de elección directa por voto popular de jueces, magistrados y ministros.
Críticos de la medida argumentan que este método podría politizar la administración de justicia, introduciendo presiones electorales y externas que comprometerían la imparcialidad de las decisiones judiciales.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) ha señalado que este cambio podría derivar en un sistema judicial vulnerable a influencias políticas y ajeno a los principios de imparcialidad que deben regir su funcionamiento.
A su vez, infroman, la reforma plantea la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, un órgano necesario en la disciplina y formación del Poder Judicial, y su reemplazo por un Tribunal de Disciplina Judicial elegido por voto popular. Esta transformación podría afectar la autonomía en la gestión de la justicia, incrementando la influencia política sobre los procesos disciplinarios.
La COPARMEX, junto con otras asociaciones, propone en lugar de estas medidas un fortalecimiento de la carrera judicial basado en el mérito y la formación continua.
Sugieren la creación de comisiones independientes para la selección de jueces y magistrados, con el fin de preservar la independencia judicial y evitar la captura del Poder Judicial por intereses particulares.
Otro aspecto relevante de la reforma, refieren, es su enfoque limitado al ámbito federal, sin abordar las problemáticas presentes en los poderes judiciales estatales. Dado que la mayoría de los casos en México se resuelven a nivel local, varios actores consideran fundamental que cualquier reforma incluya también mejoras a los sistemas judiciales estatales.
La falta de recursos y la formación adecuada en estos tribunales afectan directamente el acceso equitativo a la justicia en el país, subrayan.
El impacto económico de la reforma también es un punto de preocupación. La incertidumbre jurídica generada por estos cambios propuestos podría desalentar la inversión tanto nacional como extranjera.
En el contexto global actual, donde México tiene la oportunidad de atraer inversiones debido al fenómeno de reubicación de empresas (nearshoring), es esencial garantizar un ambiente de confianza para los inversionistas.
Asimismo, existen implicaciones internacionales que no deben ser ignoradas, reafirma Coparmex.
Indican que la politización del sistema judicial podría llevar a México a incumplir con estándares internacionales de derechos humanos, afectando su posición en acuerdos comerciales como el T-MEC y generando posibles sanciones o represalias comerciales.
Finalmente, los opositores a la reforma, destacan la necesidad de un consenso amplio y plural antes de proceder con cambios tan sustantivos para todos los mexicanos. La independencia y la imparcialidad del Poder Judicial son pilares fundamentales para la estabilidad jurídica y social del país, y cualquier reforma debe ser abordada con la seriedad y responsabilidad que la situación amerita.
Coparmex puntualizó que los actores involucrados, hacen un llamado a los legisladores para que reflexionen sobre las implicaciones de esta iniciativa, priorizando siempre el bienestar y la certeza jurídica en México.
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