La reforma judicial enfrenta cuestionamientos internacionales por posible impacto en derechos humanos y justicia imparcial
La Barra Mexicana de Abogados y el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford presentaron un amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México. Este recurso, que cuestiona la constitucionalidad de la reciente reforma judicial impulsada por el gobierno, expone riesgos de que la medida comprometa los estándares internacionales en independencia judicial y derechos humanos.
Un amicus curiae, que en latín significa "amigo de la corte", es un recurso legal que permite a terceros, generalmente expertos en una materia, aportar argumentos o perspectivas en procesos judiciales de alta relevancia.
Este amicus curiae, sostiene que la reforma, al permitir que jueces estatales y federales sean elegidos por voto popular, puede vulnerar la imparcialidad en el sistema de justicia mexicano. Las organizaciones firmantes advierten que esta medida puede poner en riesgo los derechos de sectores vulnerables, como comunidades indígenas, mujeres y otros grupos, al limitar su participación en la dirección de los asuntos públicos.
En este caso, la Barra Mexicana de Abogados y el equipo de Stanford detallan cómo la reforma puede afectar los derechos fundamentales, al buscar reemplazar a jueces estatales y federales por personas elegidas mediante voto popular, lo cual puede comprometer la imparcialidad en la toma de decisiones judiciales. Este tipo de elección, explican, podría politizar el sistema judicial y abrir la puerta a influencias partidistas en la resolución de asuntos legales.
El documento también subraya que la reforma infringe estándares internacionales sobre independencia judicial y debido proceso. Las instituciones firmantes señalan que, al modificar el método de selección de jueces, se afecta el equilibrio de poderes, esencial para mantener la neutralidad y eficacia en el sistema judicial. Además, esta reforma podría abrir la puerta a influencias políticas en las decisiones judiciales, erosionando la confianza pública en las instituciones de justicia.
En apoyo a estos argumentos, el amicus curiae cita un precedente de la Corte Suprema de Argentina en 2013. En esa ocasión, la corte argentina declaró inconstitucional una reforma que buscaba implementar la elección popular de jueces en el Consejo de la Magistratura. La decisión judicial consideró que dicha reforma violaba la separación de poderes y la independencia judicial, al politizar el proceso de selección de magistrados. Este precedente resalta el riesgo de que la justicia pierda su objetividad si se ve influenciada por intereses electorales y partidistas.
El "Plan C", impulsado en febrero de 2024 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, proponía una transformación en el sistema judicial que finalmente fue aprobada sin un debate exhaustivo en el Congreso y los congresos locales. La reforma fue publicada el 15 de septiembre, días antes de que Claudia Sheinbaum asumiera la presidencia.
Amrit Singh, profesora y directora del Laboratorio de Impacto en Stanford, señaló que, además de ser contraria a la práctica de otras cortes constitucionales, la reforma judicial mexicana agrava los problemas de acceso a la justicia al politizar el sistema. “En otros países, la elección popular de jueces ha demostrado ser perjudicial para la confianza pública y la independencia judicial”, afirmó Singh.
La Barra Mexicana de Abogados reafirma que la defensa de la justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho son fundamentales en este proceso. Victor Oléa Peláez, presidente de la Barra, aseguró que el amicus curiae es un esfuerzo conjunto para garantizar que la SCJN considere los riesgos de esta reforma y preserve la imparcialidad y los derechos humanos en México.
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